13.06.2025 05:34 a.m.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora
Erika González Rubio, alcaldesa de San Juan de Rioseco por el Partido Liberal, protagoniza un escandaloso caso de presunto abuso de poder: ordenó desmantelar el ruedo de la plaza de toros, aún vigente como escenario cultural legal, mientras derrocha más de $1.189 millones en fiestas, pese al abandono de la salud y las vías. La ley taurina no ha entrado en vigor y está demandada ante la Corte Constitucional. No se conoce el destino del coso taurino destruido.
Arbeláez - Colombia. En San Juan de Rioseco, Cundinamarca, la gestión de la alcaldesa Erika González Rubio, del Partido Liberal, ha desencadenado fuertes cuestionamientos por su manejo presuntamente arbitrario de bienes públicos y culturales. Uno de los hechos más graves: el desmantelamiento del ruedo de la plaza de toros municipal, escenario que había sido refaccionado hace menos de cinco años con dineros públicos. Hoy, se desconoce el destino final del coso taurino, y no existe hasta el momento ningún pronunciamiento oficial ni estudio técnico que respalde su intervención.
Este acto se configura como un presunto atentado contra el patrimonio cultural y un presunto abuso de poder administrativo, al tratarse de un bien cultural que, hasta la fecha, sigue protegido por la legislación colombiana. La actividad taurina continúa siendo legal en el país, a pesar de la expedición de la Ley 2359 de 2024, mal llamada “No Más Olé”, cuya entrada en vigencia está prevista para julio de 2027 y que actualmente está siendo demandada ante la Corte Constitucional por vulneración de los derechos culturales consagrados en la Constitución.
Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sentencias como la C-666 de 2010, C-889 de 2012 y C-283 de 2014, ha establecido que la tauromaquia no puede ser prohibida por autoridades locales cuando forma parte de la tradición cultural, como es el caso de San Juan de Rioseco. Por tanto, la afirmación de la alcaldesa de que las corridas están prohibidas podría configurar presunto prevaricato por acción y una posible desinformación institucional dolosa.
El panorama se agrava con un cuestionable manejo presupuestal: entre 2024 y 2025, se han destinado más de $1.189 millones en contratos para fiestas y celebraciones, con un aumento del 15% en el gasto festivo, pese a la reducción del número de eventos. Mientras tanto:
- El hospital del municipio continúa en ruinas.
- Las vías urbanas y rurales están en estado deplorable.
- El sistema de recolección de basuras está colapsado.
- No hay evidencia de inversión significativa en salud o infraestructura prioritaria.
A esto se suma que los contratistas para dichos eventos fueron cambiados en su totalidad de un año a otro, lo que genera sospechas de presunto clientelismo, posible falta de transparencia en la contratación pública y eventuales irregularidades administrativas, disciplinarias y fiscales, conforme a la Ley 734 de 2002, la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011.
Así, la administración de Erika González Rubio muestra signos preocupantes de presunto despilfarro de recursos, desviación del poder público y desinterés por el bienestar común, al priorizar el espectáculo sobre lo esencial y destruir sin justificación legal un bien cultural reconocido.
La ciudadanía de San Juan de Rioseco exige respuestas claras y la actuación urgente de los entes de control: Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación, para investigar y, de ser procedente, sancionar estos presuntos hechos.
La ley aún protege la cultura taurina, y el patrimonio de los pueblos no se destruye por capricho político.
