02.03.2025 06:34 a.m.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora
La tauromaquia en Colombia enfrenta una persecución administrativa sin precedentes, donde los entes municipales han desplegado una serie de maniobras que rayan en el prevaricato por acción y omisión. El caso reciente de la corrida en Puente Piedra es un ejemplo claro: negaciones infundadas de permisos, trabas burocráticas deliberadas y cargas impositivas asfixiantes que buscan hacer inviable la realización de los espectáculos taurinos. Todo ello bajo el amparo de una ley demandada ante la Corte Constitucional, cuya aplicación solo entrará en vigor a partir de agosto de 2027, pero que ya está siendo usada como excusa para vulnerar los derechos adquiridos de los empresarios y aficionados.
Ubaté - Colombia. El próximo 15 de marzo, la plaza Marruecos en Puente Piedra, a tan solo 30 minutos de Bogotá, abrirá sus puertas a un cartel de lujo compuesto por Antonio Ferrera, Juan de Castilla y el novillero Felipe Miguel Negret, lidiando toros de Mondoñedo. Sin embargo, la celebración de este festejo ha sido un auténtico calvario legal y administrativo.
El empresario taurino Camilo Medina, organizador del evento, tuvo que enfrentar un sinfín de obstáculos impuestos por la Alcaldía de Madrid (Cundinamarca), encargada de conceder los permisos para la corrida en Puente Piedra. En un acto que bordea el prevaricato por acción y omisión, el alcalde negó en un principio la autorización, alegando falsamente que las corridas de toros estaban prohibidas en Colombia. Esto obligó a Medina a interponer una acción de tutela que finalmente ganó, pero lejos de allanarse el camino, comenzaron a surgir nuevas y arbitrarias exigencias burocráticas.
“Nos solicitaron más de 600 páginas de documentación organizadas en cerca de 40 o 45 documentos distintos. Cumplíamos con un requisito y al día siguiente nos pedían lo mismo en otro formato. Exigencias normales como pólizas de responsabilidad civil, seguridad social, permisos de bomberos y defensa civil se entremezclaban con trámites que no aplicaban a este tipo de eventos, pero que nos imponían como si lo hicieran”, explicó Medina al periodista taurino David Jaramillo.
Las alcaldías han convertido la gestión de permisos taurinos en un campo minado de dilaciones y trabas administrativas. La estrategia parece clara: asfixiar económicamente a los organizadores y desalentar la celebración de corridas mediante una presión fiscal exorbitante. En varias plazas de Colombia, los impuestos sobre los ingresos de taquilla superan el 50%, convirtiendo a la administración pública en la principal beneficiaria de un espectáculo que paradójicamente buscan erradicar.
Pero el golpe más grave se da en el ámbito legal. La reciente Ley 2317, que prohíbe las corridas de toros en Colombia a partir de agosto de 2027, ha sido erróneamente utilizada como argumento por varias alcaldías para negar permisos en 2024, a pesar de que la norma aún no está vigente y se encuentra demandada ante la Corte Constitucional. El caso de Puente Piedra ilustra esta situación: la Alcaldía de Madrid negó la autorización amparándose en una ley que aún no rige. Frente a esta irregularidad, Medina interpuso una tutela y una denuncia ante la Procuraduría, logrando que un juez fallara a su favor, recordando que la Ley 916 de 2004, conocida como el Reglamento Nacional Taurino, sigue en plena vigencia y que cualquier negación arbitraria de permisos podría constituir un desacato judicial.
El abuso de autoridad por parte de los entes municipales no solo vulnera los derechos de empresarios y aficionados, sino que atenta contra el principio de legalidad y debido proceso. La jurisprudencia constitucional ha sido clara al señalar que la tauromaquia, como manifestación cultural, goza de un marco de protección legal mientras no se dicte una norma en firme que la prohíba. Además, la práctica de entorpecer trámites o imponer cargas desproporcionadas podría configurar un delito de prevaricato, castigado por la legislación colombiana con penas de prisión y sanciones disciplinarias.
El caso de Puente Piedra es solo un ejemplo de la cruzada institucional contra la tauromaquia en Colombia. Si bien la fiesta brava enfrenta desafíos económicos y sociales, el mayor peligro proviene de la utilización abusiva del poder público para coartar un derecho legítimamente reconocido. El futuro de la tauromaquia en Colombia dependerá de la capacidad del sector taurino para defender sus derechos en los tribunales y de la vigilancia de organismos de control ante los atropellos administrativos.
Mientras tanto, el 15 de marzo, en la plaza Marruecos, sonará el clarín y la afición volverá a vibrar con el arte de la tauromaquia, recordando que la cultura no se prohíbe por decreto y que la tradición taurina sigue viva, pese a las embestidas del poder.
