Cañaveralejo Sin Feria: Portazo Presidencial en la Crisis de Cali

Cañaveralejo Sin Feria: Portazo Presidencial en la Crisis de Cali

22.11.2026  01:19 p.m.

Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora

La decisión de Toro Vive de cancelar la Feria Taurina de Cali 2026, tras el pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella sobre el futuro de la tauromaquia, deja a Cañaveralejo sin su tradicional cita decembrina. La determinación golpea al sector taurino y a una extensa cadena de actividades económicas que necesitaban de esta temporada para contribuir a la recuperación de una ciudad todavía afectada por el terremoto de agosto.

Arbeláez Colombia. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre la afición taurina colombiana. La Feria Taurina de Cali 2026 no se celebrará. La empresa Toro Vive decidió cancelar la temporada después de que la Presidencia de la República, encabezada por Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, desautorizara el proyecto de modificación de las disposiciones que regulan los espectáculos taurinos durante el período de transición hacia la prohibición definitiva de las corridas en Colombia.

La información difundida por el periodista taurino David Jaramillo, en su cobertura de la situación colombiana, y las posteriores publicaciones que dieron cuenta de la decisión empresarial, confirman la dimensión de un acontecimiento que trasciende el calendario de festejos. No se trata simplemente de la suspensión de unas corridas: está en juego la continuidad de una actividad que durante 69 años ha formado parte de la historia cultural, social y económica de Cali.

El viernes 20 de noviembre, la Presidencia publicó un comunicado en el que aclaró que el borrador de decreto sobre espectáculos taurinos no correspondía a una decisión del Gobierno ni a una instrucción del mandatario. La Casa de Nariño explicó que el documento había sido divulgado prematuramente y anunció que no continuaría su trámite. Pero fue especialmente significativa la orientación política expresada en el mismo pronunciamiento. El Gobierno manifestó que “el respeto por nuestras tradiciones no puede estar por encima de la protección de los animales” y reiteró que no existía una decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros.

La consecuencia inmediata fue la desaparición de la expectativa que se había generado alrededor de una posible modificación de las restricciones vigentes. Para los organizadores, mantener una temporada taurina bajo las condiciones reglamentarias existentes suponía un obstáculo determinante para desarrollar el espectáculo en su estructura tradicional.

La decisión de Toro Vive, conocida el sábado 21 de noviembre, terminó por confirmar el desenlace. Cañaveralejo no tendrá Feria Taurina en 2026.

UNA DECISIÓN POLÍTICA CON CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Más allá de las diferencias ideológicas que suscita la tauromaquia, existe una realidad que no puede ignorarse: alrededor de una feria taurina funciona una cadena productiva que involucra a numerosos trabajadores y empresas.

Una corrida no comienza cuando los alguacilillos hacen el paseíllo ni termina cuando el último espada abandona el ruedo. Su organización exige meses de preparación, contratación de ganaderías, selección de encierros, transporte especializado, alimentación y cuidado de los ejemplares, contratación de toreros y cuadrillas, servicios veterinarios, personal de corrales, areneros, monosabios, taquilleros, equipos administrativos, seguridad y logística.

A esa estructura se suma una actividad comercial que se extiende fuera de la plaza: hoteles, restaurantes, establecimientos gastronómicos, transporte público y particular, comercio formal e informal, agencias de viajes y proveedores de servicios. La presencia de aficionados procedentes de otras ciudades y del exterior genera movimiento económico y demanda de bienes y servicios.

Cancelar una feria significa retirar de circulación una oportunidad de ingresos para todos esos sectores. Y aunque no se dispone de una cifra consolidada que permita cuantificar las pérdidas ocasionadas por la cancelación de Cali, sería equivocado reducir sus consecuencias al balance financiero de la empresa organizadora.

Los primeros perjudicados son también quienes menos capacidad tienen para absorber un golpe de esta naturaleza: los trabajadores independientes, los pequeños comerciantes, los empleados temporales y las familias que dependen de una actividad estacional para complementar sus ingresos.

En el campo bravo, las consecuencias tienen otra dimensión. Los ganaderos han invertido durante años en la selección genética, alimentación, sanidad y conservación de sus ejemplares. La preparación de un encierro para una feria supone compromisos económicos y productivos que no desaparecen porque un festejo deje de celebrarse. Detrás de cada toro anunciado existe una dehesa, un equipo humano y una planificación ganadera que debe encontrar alternativas cuando se cancela su destino comercial.

También quedan afectados los mayorales, vaqueros, transportistas y trabajadores vinculados a las explotaciones. La incertidumbre sobre el futuro de la actividad no se limita a quienes ocupan el ruedo: alcanza a las personas que sostienen diariamente el funcionamiento de las ganaderías.

CALI NECESITABA ACTIVIDAD ECONÓMICA, NO MÁS OBSTÁCULOS

Hay una circunstancia que hace todavía más dolorosa esta decisión: el momento que atraviesa Santiago de Cali.

El 10 de agosto de 2026, un terremoto sacudió la ciudad y dejó consecuencias humanas, estructurales y económicas de enorme consideración. La emergencia afectó viviendas, establecimientos comerciales, infraestructura y servicios, y obligó a las autoridades y al sector privado a concentrar esfuerzos en la atención de los damnificados y la recuperación del tejido productivo.

Los datos publicados por la Cámara de Comercio de Cali y la Pontificia Universidad Javeriana permiten dimensionar el impacto. Durante la primera semana posterior al sismo, la demanda de energía no regulada, asociada principalmente a grandes empresas, cayó un 29,6 % en Cali. La demanda regulada, relacionada con hogares y negocios de menor tamaño, disminuyó un 22 % en la ciudad.

No son cifras menores. Revelan la magnitud de la interrupción económica que experimentó la capital vallecaucana y explican por qué la reactivación de cada sector productivo resulta importante.

En septiembre, la Administración Distrital informó que más de 11.000 familias estaban registradas para acceder a los primeros apoyos económicos destinados a los damnificados. La reconstrucción y la recuperación empresarial continuaban entre los principales desafíos de la ciudad.

En semejante escenario, la Feria Taurina representaba una posibilidad adicional de dinamización económica. No iba a resolver por sí sola los problemas ocasionados por el terremoto, pero sí podía contribuir a movilizar recursos, generar contratación temporal, estimular el turismo y favorecer a numerosos establecimientos comerciales.

Cuando una ciudad necesita recuperar sus fuentes de ingreso, cada actividad capaz de generar empleo, consumo y circulación de recursos adquiere un valor que merece ser considerado con responsabilidad.

Por eso resulta legítimo preguntarse si las decisiones públicas que afectan una actividad económica tradicional están acompañadas de una evaluación suficiente de sus consecuencias sociales y laborales. La protección animal, que constituye el argumento central del Gobierno, es un asunto que merece discusión pública y regulación. Pero esa discusión no debería convertir en invisibles a las personas que dependen económicamente de los sectores afectados.

EL PROBLEMA NO TERMINA EN LA ÚLTIMA CORRIDA

La situación tiene, además, un trasfondo jurídico que merece especial atención. La Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, estableció un período de transición de tres años antes de la entrada en vigor de la prohibición de las corridas de toros y otras actividades taurinas comprendidas en su ámbito. Ese plazo culmina el 22 de julio de 2027.

Durante ese período, la actividad taurina no desapareció automáticamente del ordenamiento jurídico. Su ejercicio quedó sometido a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, entre ellas el Decreto 0703 de 2026, que estableció restricciones sustanciales para el desarrollo de los espectáculos.

El proyecto que llegó a publicarse para comentarios ciudadanos pretendía modificar algunas de esas condiciones. Su retiro y la posición expresada por la Presidencia cerraron esa posibilidad administrativa, pero no deben confundirse con una nueva ley que hubiera anticipado formalmente la fecha de prohibición establecida por el legislador.

Esta distinción es importante: una cosa es la prohibición legal con fecha de entrada en vigor y otra, las restricciones reglamentarias que pueden impedir materialmente la celebración de determinados espectáculos antes de ese momento.

La cancelación de Cali demuestra precisamente el alcance práctico de esa diferencia. La transición existe en el calendario jurídico, pero las condiciones impuestas pueden hacer inviable la actividad mucho antes de que llegue la fecha definitiva.

Y aquí aparece una cuestión de responsabilidad institucional: si el Estado establece un período de transición, también debe atender las consecuencias laborales y productivas de la desaparición progresiva de una actividad económica. No basta con fijar una fecha y esperar que miles de personas encuentren por sí solas una alternativa de sustento.

La reconversión laboral, la protección de las familias vinculadas al sector y las medidas de acompañamiento económico no pueden quedarse en declaraciones generales.

CAÑAVERALEJO: 69 AÑOS DE HISTORIA QUE NO DEBERÍAN OLVIDARSE

La Plaza de Toros de Cañaveralejo fue inaugurada el 28 de diciembre de 1957. Desde entonces, su ruedo recibió a toreros nacionales e internacionales, acogió importantes ganaderías y fue escenario de tardes que forman parte de la memoria taurina colombiana.

Allí se construyó una relación entre la ciudad y la tauromaquia que trascendió el resultado artístico de cada festejo. La feria se convirtió en un punto de encuentro para aficionados, visitantes, profesionales y familias vinculadas a una tradición que tuvo presencia constante en la programación decembrina.

No todos los caleños comparten esa afición, ni tienen por qué hacerlo. La pluralidad de opiniones forma parte de una sociedad democrática. Sin embargo, reconocer que una expresión cultural tiene detractores no significa desconocer su historia, sus efectos económicos ni los derechos laborales de quienes han construido su proyecto de vida alrededor de ella.

La discusión sobre la tauromaquia exige argumentos, conocimiento jurídico y consideración por las personas involucradas. Una política pública no debería valorar únicamente el resultado simbólico de una decisión; también debe examinar quién asume sus costos y qué alternativas concretas se ofrecen a los afectados.

La desaparición de una temporada taurina no afecta solamente a quienes compran una entrada para ver una corrida. Afecta a quienes trabajan para que esa corrida exista.

UNA REFLEXIÓN QUE COLOMBIA NO PUEDE APLAZAR

El pronunciamiento presidencial merece una reflexión que vaya más allá de la confrontación entre taurinos y antitaurinos.

Un Gobierno tiene la facultad y la responsabilidad de establecer políticas públicas, pero también tiene el deber de considerar los efectos de sus decisiones. Cuando una determinación compromete una actividad económica de larga trayectoria, debe existir una valoración seria de sus repercusiones y una respuesta institucional para quienes resultan perjudicados.

No se puede hablar de recuperación económica mientras se desatienden oportunidades legítimas de generación de ingresos. Tampoco es coherente reclamar solidaridad con una ciudad golpeada por una tragedia y, al mismo tiempo, ignorar el impacto que puede tener sobre su economía la cancelación de una actividad que moviliza empresas, trabajadores y visitantes.

La discusión no consiste en afirmar que toda tradición debe permanecer inalterable. Las sociedades evolucionan y sus normas también. Consiste en exigir que los cambios se desarrollen con seguridad jurídica, proporcionalidad, transparencia y responsabilidad social.

En este caso, además, hay un asunto de especial sensibilidad: la empresa organizadora había avanzado en la preparación de la temporada y había promovido la venta de abonos. La cancelación deja compromisos económicos, expectativas comerciales y un conjunto de personas que ahora deben afrontar las consecuencias de una decisión que no depende de ellas.

El daño no se mide únicamente en entradas que dejaron de venderse. También está en los contratos que no se ejecutarán, los servicios que no se prestarán, las reservas que no se materializarán y los ingresos que no llegarán a los hogares.

Cali necesitaba que diciembre fuera una oportunidad para recuperar actividad, atraer visitantes y fortalecer su comercio. La feria taurina podía aportar a ese propósito, sin que ello significara desconocer las diferencias que existen alrededor de la fiesta brava.

Hoy, el silencio que deja la cancelación de Cañaveralejo tiene un significado que supera el ámbito taurino. Es la expresión de una actividad económica que pierde espacio sin que estén suficientemente resueltas las consecuencias para quienes viven de ella.

La historia de Cañaveralejo no se borra con un comunicado, pero una decisión política sí puede cerrar las puertas de una plaza y dejar sin trabajo a quienes durante décadas han hecho posible su funcionamiento.

En definitiva, la defensa de los animales, la protección de las tradiciones, la seguridad jurídica y el derecho al trabajo no deberían abordarse como asuntos que obligatoriamente deban anularse entre sí. El Estado tiene la obligación de escuchar, ponderar y actuar con responsabilidad.

La Feria Taurina de Cali 2026 ya no tendrá paseíllo. Y mientras la ciudad continúa levantándose de los efectos del terremoto, queda una pregunta que merece respuesta: ¿quién asumirá las consecuencias económicas y sociales de esta cancelación y qué alternativas reales se ofrecerán a las familias que dependían de la temporada?

Porque cuando se cierra una plaza, no solamente se apagan las luces del ruedo. También se interrumpe el trabajo de muchas personas que, lejos de los tendidos y de los despachos oficiales, necesitan seguir viviendo de su oficio.

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