13.11.2026 09:53 a.m.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora
La intervención del magistrado del Tribunal Constitucional español Enrique Arnaldo Alcubilla, en las Jornadas Jurídicas sobre Tauromaquia «Justicia para el toreo», sitúa la prohibición taurina colombiana en el centro de una discusión que trasciende la controversia animalista: los límites del poder legislativo, la protección constitucional de la cultura, la libertad, el patrimonio y las consecuencias económicas y sociales de la desaparición de una actividad profundamente vinculada al mundo rural.
Arbeláez - Colombia. La prohibición de la tauromaquia en Colombia ha abierto un capítulo de profundas implicaciones jurídicas, culturales y sociales para el futuro de la Fiesta Brava en América. Una decisión legislativa que trasciende los límites de las plazas de toros y compromete el porvenir de ganaderías, profesionales, trabajadores del campo y comunidades vinculadas históricamente a esta tradición. En este escenario, la intervención del magistrado del Tribunal Constitucional español Enrique Arnaldo Alcubilla, en las Jornadas Jurídicas sobre Tauromaquia celebradas en Sevilla bajo el lema «Justicia para el toreo», adquiere especial relevancia al situar el caso colombiano en el centro de una reflexión sobre los límites del poder legislativo, la protección constitucional de las manifestaciones culturales y las consecuencias de extinguir una actividad cuya dimensión va mucho más allá del espectáculo taurino.
LA PROHIBICIÓN COLOMBIANA, UNA CUESTIÓN QUE INTERPELA AL DERECHO CONSTITUCIONAL
Sevilla acoge los días 12 y 13 de noviembre de 2026 las Jornadas Jurídicas sobre Tauromaquia, convocadas bajo el lema «Justicia para el toreo», en la Fundación Cajasol. El encuentro, promovido por la Sección Territorial de Andalucía Occidental de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Fundación para la Magistratura, reúne a especialistas del ámbito judicial para examinar la situación jurídica de la Fiesta, su protección constitucional y los desafíos que afronta el sector.
En la programación del viernes 13 figura el magistrado del Tribunal Constitucional español Enrique Arnaldo Alcubilla, dentro de la mesa dedicada a «Los toros en la Constitución de 1978». Su participación adquiere especial interés para Colombia, donde la aprobación de la Ley 2385 de 2024 abrió uno de los debates jurídicos, culturales y económicos más trascendentales para la tauromaquia contemporánea.
La cuestión colombiana merece una consideración que vaya más allá de la confrontación entre quienes defienden la continuidad de los festejos y quienes reclaman su desaparición. Se trata de examinar hasta dónde puede llegar el legislador cuando una manifestación cultural entra en conflicto con otros mandatos constitucionales, qué derechos y actividades resultan afectados y cuáles son las obligaciones del Estado frente a las personas, las comunidades y las estructuras económicas que dependen de esa tradición.
COLOMBIA: UNA PROHIBICIÓN CON ALCANCE NACIONAL
La Ley 2385, promulgada el 22 de julio de 2024, estableció la prohibición de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en todo el territorio colombiano, una vez transcurrido el período de transición de tres años. En consecuencia, la fecha prevista para la entrada en vigor de la prohibición es el 22 de julio de 2027.
La norma no se limita a impedir la celebración de corridas. También establece disposiciones sobre reconversión económica y laboral, transformación de los escenarios públicos utilizados para actividades taurinas y programas de educación y protección animal.
Durante el período transitorio, la legislación permite la celebración de festejos en los lugares donde exista una tradición ininterrumpida, exclusivamente en las fechas y circunstancias habituales y bajo las condiciones de bienestar animal establecidas. Además, impide que las administraciones territoriales destinen recursos públicos a construir instalaciones o financiar estas actividades.
No se trata, por tanto, de una simple modificación del reglamento taurino ni de una restricción administrativa sobre determinados festejos. Es una decisión legislativa que compromete la continuidad de una actividad cultural y profesional en todo el país.
EL PRONUNCIAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE CAMBIÓ EL ESCENARIO
El debate adquirió una dimensión decisiva con la Sentencia C-374 de 2025, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia el 4 de septiembre de ese año.
La corporación declaró constitucional la Ley 2385 frente a los cargos examinados, relacionados con la diversidad cultural, el patrimonio cultural, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, la propiedad privada y los derechos de quienes desarrollan actividades taurinas.
La Corte consideró que la protección y el bienestar animal constituyen un mandato constitucional que permite al legislador adoptar medidas de transformación cultural, incluso cuando estas afectan manifestaciones históricas y tradicionales. También sostuvo que el Congreso tenía competencia para regular e incluso prohibir actividades taurinas en el marco de sus atribuciones.
Este pronunciamiento resulta fundamental para comprender el escenario jurídico al que se enfrenta la Fiesta en Colombia: la tradición cultural no fue considerada, por sí sola, una razón suficiente para impedir la prohibición legislativa.
La sentencia también extendió su análisis a las actividades de toros coleados, corralejas y peleas de gallos, cuya exclusión de la prohibición fue declarada inexequible, aunque con efectos diferidos durante tres años para facilitar la reconversión laboral y cultural de los sectores afectados.
DOS MODELOS CONSTITUCIONALES FRENTE A LA TAUROMAQUIA
La intervención de Arnaldo Alcubilla resulta especialmente pertinente por la experiencia jurídica española. En España, la Ley 18/2013 reconoce expresamente la tauromaquia como patrimonio cultural y comprende dentro de ella no solamente la corrida, sino también los conocimientos, las actividades artísticas y productivas, la crianza y selección del toro bravo y las manifestaciones culturales vinculadas al espectáculo.
El artículo 3 de esa ley impone a los poderes públicos el deber de garantizar su conservación y promover su enriquecimiento. Se trata de un marco normativo que permite examinar la tauromaquia desde una perspectiva integral, en la que confluyen cultura, actividad económica, libertad de creación y protección patrimonial.
La jurisprudencia española también ofrece elementos de comparación. La Sentencia 177/2016 del Tribunal Constitucional anuló la prohibición de las corridas aprobada por el Parlamento de Cataluña, al considerar que invadía competencias estatales en materia de protección cultural. Posteriormente, la Sentencia 134/2018 examinó las restricciones introducidas en Baleares y precisó el alcance de la protección jurídica de la tauromaquia.
La enseñanza jurídica de estos antecedentes es que la protección cultural no equivale a una inmunidad absoluta frente a cualquier regulación, pero tampoco puede ignorarse cuando se adoptan decisiones legislativas que afectan a una manifestación cultural reconocida por el ordenamiento.
La comparación con Colombia resulta inevitable. Mientras el ordenamiento español dispone de una legislación específica de protección cultural de la tauromaquia, la Corte Constitucional colombiana respaldó una decisión legislativa que establece su desaparición progresiva. Son dos escenarios jurídicos distintos, con antecedentes normativos y ponderaciones constitucionales diferentes.
Precisamente por ello, el análisis de Enrique Arnaldo Alcubilla adquiere especial relevancia para el mundo taurino iberoamericano: permite situar la controversia en el terreno de los principios constitucionales, las competencias de los poderes públicos y las consecuencias de las decisiones legislativas sobre las expresiones culturales.
EL IMPACTO QUE VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LAS PLAZAS DE TOROS
Uno de los aspectos que exige mayor atención es el alcance económico y productivo de la prohibición colombiana.
La tauromaquia no comienza cuando se abre la puerta de toriles ni termina cuando el presidente ordena devolver las mulillas al ruedo. Detrás de cada festejo existe una estructura productiva que involucra ganaderías de bravo, propietarios de fincas, mayorales, vaqueros, veterinarios, transportistas, empresarios, toreros, subalternos, picadores, mozos de espadas, sastres, areneros, personal sanitario, comerciantes y trabajadores vinculados a la organización de los espectáculos.
En el campo, la crianza del toro de lidia exige selección genética, manejo especializado, alimentación, vigilancia sanitaria y conservación de extensiones de terreno destinadas a su desarrollo. La explotación ganadera responde a un modelo productivo particular, cuya continuidad depende de la existencia de un mercado y de festejos que justifiquen la selección de animales para la lidia.
La desaparición de las corridas afecta, por tanto, a una cadena de actividades que no puede reducirse al trabajo de quienes se visten de luces.
También está en juego el futuro de las ganaderías de bravo, la conservación de sus encastes, la continuidad de líneas de selección y la actividad económica de numerosas explotaciones rurales. No significa que la prohibición implique automáticamente la desaparición de todas estas estructuras, pero sí que altera de manera sustancial las condiciones que permiten su sostenimiento.
A ello se suma la repercusión sobre las economías locales. Las ferias taurinas generan actividad en hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales, transporte y servicios. En determinados municipios, los festejos forman parte de la programación tradicional y constituyen un componente de su calendario económico y cultural.
La propia Ley 2385 reconoce que existen personas cuyo sustento depende de estas actividades y establece mecanismos de reconversión laboral y económica. Incluso contempla la participación del DANE para identificar a quienes dependen directa y exclusivamente del sector y a quienes se benefician indirectamente de su celebración.
Sin embargo, reconocer una obligación de reconversión no equivale a garantizar que esta se cumpla satisfactoriamente. Su eficacia dependerá de la identificación de los afectados, la financiación de los programas, la formación profesional, la generación de alternativas reales de empleo y el seguimiento de las medidas adoptadas.
EL TORO BRAVO Y EL PATRIMONIO RURAL
Existe otra dimensión que merece incorporarse al debate jurídico: la relación entre la ganadería brava y el territorio.
El toro de lidia es el resultado de generaciones de selección ganadera. Su crianza está vinculada a sistemas de explotación extensiva, manejo de dehesas y conservación de espacios rurales. La actividad ganadera no se limita a producir animales destinados a los espectáculos: mantiene conocimientos especializados, prácticas de selección y una estructura de trabajo ligada al campo.
La modificación del destino económico de estas explotaciones plantea interrogantes sobre la continuidad de determinados encastes, la conservación de las ganaderías y la viabilidad de los sistemas de producción que dependen de la actividad taurina.
En Colombia, estas cuestiones adquieren especial importancia por la presencia histórica de ganaderías, plazas y tradiciones taurinas en diferentes regiones.
La discusión no debería limitarse a determinar qué ocurrirá con los cosos taurinos una vez entre en vigor la prohibición. También debería examinar qué sucederá con las explotaciones ganaderas, los conocimientos acumulados durante décadas y las comunidades rurales vinculadas a ellas.
Una política de transformación cultural debe evaluar todas las consecuencias de su aplicación, incluidas aquellas que afectan al empleo rural, al patrimonio productivo y a la conservación de las actividades tradicionales.
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y LAS CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN
La Ley 2385 establece dos compromisos especialmente relevantes. El primero es la reconversión laboral de las personas que acrediten que su principal fuente de ingresos procede de las actividades prohibidas. El segundo es la transformación de los escenarios públicos utilizados para los espectáculos taurinos en espacios destinados a actividades culturales, deportivas, lúdicas y artísticas, dentro de los plazos establecidos por la norma.
Estas disposiciones obligan a las administraciones a pasar de las declaraciones generales a actuaciones verificables. No basta con anunciar nuevas oportunidades laborales: es necesario identificar a los trabajadores, determinar sus necesidades, establecer mecanismos de financiación y ofrecer alternativas que permitan mantener sus ingresos y su estabilidad económica.
También será necesario examinar qué ocurrirá con las plazas de titularidad privada, las inversiones realizadas por empresarios y ganaderos, los contratos vigentes y los derechos patrimoniales relacionados con las actividades afectadas.
La prohibición, en definitiva, plantea una cuestión de responsabilidad institucional: el Estado no puede desentenderse de las consecuencias económicas y sociales de una transformación que él mismo ha decidido impulsar.
La sentencia C-374 de 2025 respalda la constitucionalidad de la prohibición frente a los cargos estudiados, pero ello no elimina la necesidad de cumplir las obligaciones de transición previstas en la legislación. La reconversión debe traducirse en resultados concretos y no quedarse en un compromiso escrito.
UNA DISCUSIÓN QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS COLOMBIANAS
El debate que se desarrolla en Sevilla tiene una proyección que supera el ámbito nacional español. La tauromaquia forma parte de una tradición compartida por distintos países y ha desarrollado expresiones culturales, ganaderas y artísticas propias en España, Portugal, Francia y diversos territorios americanos.
Por eso, las decisiones que afectan a su continuidad en Colombia interesan al conjunto del sector taurino internacional.
La cuestión de fondo consiste en determinar cómo deben relacionarse la protección de los animales, la libertad cultural, la conservación del patrimonio y los derechos de quienes participan en una actividad tradicional. No es un asunto que pueda resolverse mediante afirmaciones generales ni desconociendo la complejidad de los intereses constitucionales implicados.
El análisis jurídico exige estudiar la legislación aplicable, la jurisprudencia, la distribución de competencias, la proporcionalidad de las medidas y las consecuencias que estas producen sobre la sociedad.
En ese contexto, las Jornadas «Justicia para el toreo» representan una oportunidad para que la tauromaquia sea examinada desde el rigor jurídico, sin simplificaciones y con atención a los efectos reales de las decisiones públicas.
La Fiesta no puede defenderse únicamente desde la emoción de una faena, la hondura de un natural o la verdad de una estocada. También necesita argumentos jurídicos, conocimiento de las instituciones y capacidad para explicar su dimensión cultural, económica y social.
LA JUSTICIA TAMBIÉN DEBE MIRAR LAS CONSECUENCIAS
La participación de Enrique Arnaldo Alcubilla en este encuentro sevillano sitúa la experiencia constitucional española en un escenario de especial interés para el futuro de la tauromaquia colombiana.
La Ley 2385 de 2024 y la Sentencia C-374 de 2025 han definido un horizonte jurídico que, salvo cambios normativos o decisiones judiciales posteriores, conduce a la prohibición de los festejos taurinos contemplados en la ley a partir del 22 de julio de 2027.
Queda por delante una etapa determinante para el sector: exigir el cumplimiento de los compromisos de reconversión, documentar las consecuencias económicas, defender los derechos que continúan vigentes durante el período transitorio y mantener abierto el debate sobre la relación entre cultura, tradición y Constitución.
La justicia para el toreo no consiste en situar una actividad por encima de la ley, sino en exigir que las decisiones que afectan a su existencia se examinen con rigor, que se respeten los derechos involucrados y que sus consecuencias no se oculten detrás de una decisión legislativa.
Desde Sevilla, el debate constitucional sobre Colombia devuelve al mundo taurino una pregunta de fondo: ¿qué pierde una sociedad cuando transforma radicalmente una de sus tradiciones y qué responsabilidad asume el Estado frente a quienes han construido su vida alrededor de ella?
Una pregunta que merece respuestas jurídicas, económicas y culturales, y que no debería quedar reducida a una disputa entre aficionados y detractores de la Fiesta.
