13.05.2025 06:53 a.m.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora
La ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia podría ser anulada si se confirma que fue aprobada bajo actos de corrupción legislativa. Aunque la Procuraduría emitió un concepto favorable a su constitucionalidad, expertos advierten que este podría desconocer principios fundamentales como la igualdad, la libertad cultural y los derechos de las minorías taurinas.
Arbeláez - Colombia. El futuro de la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia podría dar un giro inesperado. La Corte Suprema de Justicia, a raíz de investigaciones sobre presuntos pagos de dádivas a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, solicitó pruebas que podrían demostrar que la aprobación de dicha ley estuvo influenciada por corrupción.
En la misma legislatura en que fue sancionada esta norma prohibicionista, habrían ocurrido maniobras irregulares que afectarían la legitimidad del proceso legislativo. De comprobarse judicialmente, esto abriría la posibilidad de anular la ley por vicio de procedimiento grave, al vulnerar los principios de legalidad y democracia representativa.
El Consejo de Estado tendría competencia para conocer de una acción de nulidad, mientras que la Corte Constitucional podría considerar una inexequibilidad por vicios de forma, dado que el proceso estaría manchado por prácticas contrarias al orden constitucional.
EL CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA: ENTRE LA PROTECCIÓN ANIMAL Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
El reciente concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Constitucional apoyó la exequibilidad de la ley antitaurina, alegando que su contenido está alineado con el avance progresivo en la protección del bienestar animal y el rechazo social a prácticas violentas.
PROS DEL CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA:
- Refuerza el principio de protección a los animales como seres sintientes (Art. 79 y Ley 1774 de 2016).
- Promueve un enfoque de ética pública orientada hacia la paz, la no violencia y el respeto a la vida.
- Responde a un cambio cultural progresivo en la percepción social frente al maltrato animal.
CONTRAS Y CRÍTICAS JURÍDICAS AL CONCEPTO:
- Podría desconocer derechos constitucionales como la libertad de cultura, profesión u oficio (Arts. 26, 27, 70 y 71).
- Ignora el principio de igualdad ante la ley (Art. 13), afectando a las minorías culturales taurinas protegidas en múltiples fallos por su tradición legalmente reconocida.
- Podría representar una interpretación parcializada de los derechos, al priorizar la protección animal sin ponderar adecuadamente los derechos humanos en conflicto.
- No es vinculante: la Corte Constitucional no está obligada a acoger su postura, y puede fallar en sentido contrario.
¿QUÉ PUEDE PASAR SI SE COMPRUEBA LA CORRUPCIÓN?
Si las investigaciones judiciales actuales concluyen que hubo pago de sobornos a congresistas para garantizar votos a favor de la ley, esta podría ser declarada nula o inexequible. En ese escenario, se invalidaría su contenido por violación al principio democrático, y no por su contenido antitaurino per se.
“El sistema jurídico colombiano no puede permitir que una norma se mantenga vigente si nació de una práctica corrupta. Habría una afectación directa al debido proceso legislativo”, afirmó la jurista Laura Cristina Gallo, profesora de Derecho Constitucional.
¿QUÉ SIGUE PARA LOS TAURINOS?
El gremio taurino, si bien continúa enfrentando la vigencia de la ley, cuenta con caminos jurídicos legítimos para su defensa: la acción de nulidad ante el Consejo de Estado, la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, y la denuncia de irregularidades ante la Fiscalía y la Corte Suprema.
Asimismo, la sociedad civil y los defensores de la tauromaquia han advertido que esta prohibición, si se mantiene sin garantías de legitimidad, representaría una exclusión sistemática de un grupo cultural, violando los principios de diversidad, pluralismo y libertad cultural consagrados en la Constitución de 1991.
EN CONCLUSIÓN:
La ley antitaurina, aunque vigente, no está blindada jurídicamente. El concepto de la Procuraduría, lejos de ser definitivo, ha abierto una discusión profunda sobre el equilibrio entre la protección animal y los derechos culturales. Si se comprueba corrupción en su aprobación, el orden constitucional exige su anulación, en defensa de la legalidad, la equidad y la democracia.
