01.10.2026 12:42 p.m.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora
Las revelaciones periodísticas sobre conversaciones que vinculan al magistrado Vladimir Fernández Andrade con personas relacionadas con el caso de la UNGRD abrieron una controversia institucional que, por ahora, debe permanecer en el terreno de las investigaciones y no de las condenas. Pero el asunto adquiere una dimensión particularmente sensible para el mundo taurino porque Fernández fue ponente de la Sentencia C-312 de 2026, decisión que mantuvo la vigencia de la Ley 2385 de 2024, mientras que una eventual comprobación de irregularidades no produciría, por sí sola, la nulidad automática de las decisiones de la Corte. El verdadero debate jurídico estaría en determinar si existió un vicio constitucional concreto, grave y con incidencia real sobre una determinada sentencia.
Arbeláez - Colombia. La historia comenzó a tomar otra dimensión cuando se conocieron públicamente nuevas conversaciones relacionadas con el expediente de la UNGRD. Según la investigación periodística publicada por CAMBIO, existen chats entre Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, y Olmedo López, así como referencias a Sneyder Pinilla, que han suscitado interrogantes sobre encuentros, gestiones y comunicaciones ocurridas antes de que Fernández llegara a la Corte Constitucional. Una de las reconstrucciones periodísticas ubica además una conversación relacionada con la dirección de un apartamento al que habría acudido Pinilla el 9 de enero de 2024. Los chats, por sí solos, no demuestran que se haya producido una entrega de dinero, ni cuál habría sido su finalidad, extremo que corresponde establecer a las autoridades competentes.
La controversia pasó rápidamente del escenario periodístico al institucional. Una denuncia fue presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, solicitando que se investigue si de los hechos divulgados puede derivarse alguna responsabilidad penal o disciplinaria. Pero aquí aparece una frontera jurídica que no puede cruzarse: una denuncia no equivale a una sentencia y una acusación no equivale a una responsabilidad demostrada. La propia discusión pública exige preservar la presunción de inocencia y permitir que sean las autoridades competentes, mediante el debido proceso, las que determinen qué hechos pueden tener relevancia jurídica.
Y es precisamente allí donde el asunto toca de lleno la arena taurina. Fernández fue el magistrado ponente de la Sentencia C-312 de 2026, mediante la cual la Corte Constitucional estudió nuevos cuestionamientos contra la Ley 2385 de 2024, relativos, entre otros asuntos, al trámite legislativo, impacto fiscal, diversidad cultural y patrimonio, competencias legislativas y derechos relacionados con el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio. De acuerdo con los reportes sobre la decisión, la Sala Plena mantuvo la vigencia de la ley frente a los cargos examinados.
Pero una precisión resulta fundamental para no construir una tesis jurídica sobre un dato equivocado: la Sentencia C-374 de 2025 no fue proyectada por Vladimir Fernández. Esa providencia pertenece a una etapa anterior del control constitucional de la Ley 2385 y tuvo como magistrado ponente a Miguel Polo Rosero. Por eso, cuando se analice qué decisiones podrían eventualmente ser cuestionadas ante una comprobación futura de irregularidades, habrá que individualizar cada expediente, cada integración de la Sala, cada actuación y cada sentencia, en lugar de extender automáticamente cualquier controversia personal a toda la jurisprudencia taurina de la Corte.
La pregunta que inevitablemente aparece para los aficionados, ganaderos, toreros, empresarios, trabajadores y demás sectores relacionados con la tauromaquia es entonces contundente: ¿qué ocurriría con una sentencia de la Corte Constitucional si llegara a demostrarse una conducta irregular de uno de sus magistrados? La respuesta no es automática. La Constitución establece la cosa juzgada constitucional y la firmeza de las decisiones de la Corte, y la jurisprudencia ha entendido la nulidad posterior como un mecanismo extraordinario, reservado para situaciones excepcionales en las que pueda acreditarse una irregularidad constitucionalmente relevante, grave y con incidencia sobre las garantías del proceso. No basta demostrar una conducta reprochable por fuera del expediente para borrar automáticamente una sentencia.
La cuestión, por tanto, tendría que formularse de una manera mucho más precisa: si una investigación llegara a demostrar una irregularidad, ¿esa irregularidad tuvo relación directa con la actuación jurisdiccional?, ¿afectó la imparcialidad exigible?, ¿comprometió la integración o deliberación de la Sala?, ¿existió una causal jurídicamente relevante de impedimento o recusación?, ¿se produjo una afectación del debido proceso?, ¿y puede demostrarse que esa circunstancia tuvo incidencia concreta en la decisión cuestionada? Solo un examen de esa naturaleza permitiría saber si existe alguna vía extraordinaria respecto de una providencia determinada. La eventual responsabilidad personal de un magistrado y la validez constitucional de una sentencia son problemas jurídicos relacionados, pero no idénticos.
Y aquí aparece un antecedente especialmente importante para los taurinos. El Auto A-1117 de 2026 ya examinó una recusación contra Fernández dentro de los procesos D-16.158 y D-16.172, relacionados con la Ley 2385. La Sala Plena rechazó aquella recusación por falta de pertinencia, después de analizar las declaraciones públicas del magistrado sobre protección animal y sus referencias a actuaciones ocurridas en Bogotá en 2012. La Corte concluyó que esas manifestaciones no constituían, en los términos planteados, un pronunciamiento específico sobre la constitucionalidad de la Ley 2385 frente a los cargos estudiados y tampoco se acreditó un interés personal, directo y actual del magistrado en el resultado. Ese auto es importante, pero no constituye una inmunidad frente a hechos nuevos: una eventual investigación posterior tendría que examinarse a partir de sus propios hechos y pruebas.
Para el mundo taurino, sin embargo, existe una segunda corrida jurídica, quizá más trascendental que la discusión personal alrededor de un magistrado: cómo se implementa la Ley 2385 sin convertir la prohibición legislativa en una autorización ilimitada para desconocer otros mandatos constitucionales. El documento de análisis que acompaña esta investigación plantea precisamente ese problema: reconversión laboral y económica, protección de situaciones jurídicas consolidadas, confianza legítima, contratos, permisos, derechos patrimoniales, participación ciudadana, presupuesto público, autonomía territorial y protección de terceros no desaparecen simplemente porque exista una prohibición legal. La propia discusión constitucional exige determinar cómo deben armonizarse esos intereses durante la transición.
Por eso, si el propósito de los sectores taurinos es mantener abierta jurídicamente la posibilidad de la tauromaquia en Colombia, la estrategia constitucional no puede reducirse a esperar que una eventual controversia personal produzca la caída de una sentencia. Hay preguntas mucho más concretas: ¿hasta dónde llega la competencia nacional frente a la autonomía de las entidades territoriales?, ¿cómo deben ejecutarse las medidas de reconversión?, ¿qué ocurre con contratos y situaciones jurídicas previamente consolidadas?, ¿qué protección corresponde a trabajadores, comerciantes formales e informales y actividades económicas indirectamente vinculadas?, ¿qué decisiones administrativas pueden ser demandadas por falta de competencia, motivación o procedimiento?, ¿cómo deben aplicarse los principios de confianza legítima y proporcionalidad? El documento de base plantea precisamente esta batería de interrogantes y solicita que cada uno sea resuelto desde la Constitución y no mediante una lectura exclusivamente administrativa de la Ley 2385.
La tauromaquia entra así en una nueva etapa: ya no se trata solamente de discutir si la Ley 2385 es constitucional en abstracto, sino de vigilar cómo se ejecuta cada una de sus consecuencias concretas. La reconversión prevista por la ley, el destino de los escenarios públicos, las obligaciones laborales y económicas, las decisiones presupuestales, los actos de las autoridades territoriales y la suerte de quienes han construido su actividad alrededor de la fiesta tendrán que medirse frente a normas superiores y derechos concurrentes. El propio análisis constitucional aportado para esta investigación insiste en que la validez de la prohibición no significa que cada acto administrativo posterior quede automáticamente blindado frente al control judicial.
La última palabra, entonces, no la tiene una conversación de WhatsApp, una denuncia, un titular periodístico ni siquiera una controversia política. La tienen las pruebas, el debido proceso y los jueces competentes. Si alguna autoridad llegara a establecer responsabilidades respecto de Fernández, habrá que determinar sus consecuencias jurídicas específicas; y si alguien pretende trasladarlas a las sentencias de la Corte, deberá demostrar además el vínculo constitucionalmente relevante entre la irregularidad y cada decisión que pretenda cuestionar. Para los taurinos, el camino jurídico pasa por esa precisión: defender sus derechos donde la Constitución todavía ofrece espacios de discusión, controvertir los actos concretos que excedan la ley, exigir una reconversión efectivamente garantista y formular nuevas cuestiones constitucionales cuando existan fundamentos jurídicos para ello.
En esta nueva corrida constitucional, la prudencia será tan importante como la argumentación. No se puede afirmar que las acusaciones contra el magistrado sean ciertas mientras no exista una decisión de la autoridad competente; pero tampoco sería jurídicamente serio ignorar los interrogantes que una investigación formal pueda llegar a esclarecer. Lo que sí puede afirmarse es que la eventual responsabilidad individual de un juez constitucional no produce, por sí misma, una sentencia de nulidad. Para llegar hasta allí habría que recorrer un camino excepcional, probatorio y estrictamente constitucional. Y mientras ese camino se define, queda abierta una pregunta de fondo para Colombia: ¿cómo garantizar que la transición impuesta por la Ley 2385 respete, en cada acto concreto, la Constitución, los derechos de las personas afectadas, la autonomía territorial, la confianza legítima y las reglas del Estado Social de Derecho? Esa, más que cualquier titular coyuntural, puede ser la verdadera corrida jurídica que todavía le queda por lidiar a la tauromaquia colombiana.
